Los vetos de Noboa vuelven al tablero legislativo en su nuevo mandato

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En el arranque de su nuevo periodo presidencial, Daniel Noboa empieza a sentir los efectos políticos de las decisiones estratégicas que tomó durante su gestión anterior, especialmente el uso reiterado del veto total para frenar iniciativas legislativas que no se alineaban con su agenda o intereses inmediatos.

Durante sus primeros 18 meses en el poder —antes de lograr la reelección— Noboa aplicó 19 vetos totales a proyectos de ley aprobados por una Asamblea donde carecía de una mayoría sólida. Aunque logró consolidar alianzas puntuales, recurrió con frecuencia a este mecanismo para mantener el control del rumbo legislativo.

El nuevo escenario es, en apariencia, más favorable. La bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) supera por un estrecho margen al correísmo y cuenta con apoyo parcial de algunas fuerzas minoritarias. Además, ADN ostenta la presidencia de la Asamblea Nacional, bajo el liderazgo de Niels Olsen —exministro de Turismo de Noboa—, así como el control del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y la mayoría de las comisiones parlamentarias.

Este dominio institucional permite al oficialismo gestionar el flujo de los proyectos de ley, determinar qué se debate y cuándo, y minimizar los riesgos de confrontación directa. Sin embargo, los vetos emitidos en el periodo anterior están empezando a regresar al tablero político, y su tratamiento podría derivar en tensiones internas.

Uno de los casos más representativos es el veto total emitido el 28 de mayo de 2024 a una reforma judicial que proponía licencias sin sueldo para vocales del Consejo de la Judicatura con prisión preventiva, y la creación de salas especializadas en delitos de violencia de género. Aunque fue aprobado por 92 legisladores, el Ejecutivo bloqueó el proyecto, y desde entonces permanece congelado.

La normativa vigente establece que un veto total mantiene suspendido el tratamiento de un proyecto durante un año. Pasado ese plazo, la Asamblea debe decidir si acepta íntegramente la objeción del Presidente o archiva definitivamente la propuesta. No obstante, la ley no impone un plazo para que se reanude el debate, lo que convierte al archivo político en una posibilidad práctica frecuente.

En este contexto, múltiples proyectos vetados —en áreas como medioambiente, seguridad social, cultura, legislación laboral y derechos— comenzarán a acumularse en la agenda legislativa, sin garantía de discusión ni resolución inmediata.

Para que una de estas iniciativas vuelva a la vida parlamentaria, se requiere una mayoría calificada de dos tercios, es decir, 101 votos. ADN, con sus 66 curules, necesitaría sumar el apoyo de al menos 35 asambleístas adicionales, algo complejo en una Asamblea fragmentada y volátil.

Si bien el oficialismo controla hoy los principales órganos del Legislativo, la correlación de fuerzas podría modificarse en cualquier momento, ya sea por la dinámica política cotidiana o por la renovación de autoridades prevista para mayo de 2027. La estabilidad del respaldo parlamentario no está garantizada, y cada objeción que regrese del congelamiento representará una prueba para la cohesión interna de la mayoría.

Pese a estos riesgos latentes, el Ejecutivo no ha dejado de recurrir al mismo recurso. En el inicio de su nuevo periodo, Noboa ya vetó totalmente el proyecto de ley para regular las facilidades de pago de créditos educativos, becas y asistencias financieras, una iniciativa que deberá esperar otro año para ser debatida, si acaso llega a tratarse.

La estrategia del veto, que fue útil en su primer periodo para bloquear iniciativas ajenas, se convierte ahora en un boomerang político que marcará buena parte de su nueva gestión. El desafío para el presidente será gestionar los efectos acumulativos de estas decisiones sin comprometer su capacidad de gobernabilidad en una Asamblea aún impredecible.

Fuente: Primicias